El Centro Nacional de Leyes Migratorias (National Immigration Law Center en inglés) fue una de las primeras organizaciones en respaldar la legalización de los inmigrantes indocumentados, y de manera consistente hemos fomentado y apoyado las gestiones hacia una reforma migratoria íntegra.  Aún cuando hemos encontrado serios defectos en la legislación, hemos elogiado a los miembros del Congreso que han tenido el valor de plantear propuestas y enfrentar a los enfurecidos críticos de la reforma migratoria.  Seguimos sintiendo admiración por la buena voluntad del Senador Kennedy y su decisión de arriesgar su legado por los constituyentes más indefensos.

     A pesar de esto, el acuerdo realizado por los negociadores del Senado es un paso en la dirección equivocada.  Aunque el acuerdo incluye las medidas del DREAM Act y AgJOBS y promete importantes beneficios a corto plazo para muchos inmigrantes indocumentados, la experiencia de ésta nación sugiere que el resto de las claúsulas tendrán graves consequencias a largo plazo para los inmigrantes y los ciudadanos.

     Las siguientes son las características del acuerdo que pondrán a la reforma migratoria en mal camino:

• Un proceso de legalización largo y costoso.  El programa de legalización será menos restringente al principio comparado con el proyecto de ley del Senado del año pasado, pero en su mayoría el programa será mas precario para aquellos que comiencen el proceso de legalización.

  • Aquellos que se les otorgue la nueva visa Z no-inmigrante podrán ser deportados si no logran mantener empleo continuo por tiempo completo o asistencia a una entidad educativa hasta que puedan ajustar a un estatus de residencia legal permanente, tal período puede durar por lo menos 13 años para algunos solicitantes.

  • Durante este período extendido, los inmigrantes legalizados no podrán presentar una petición para sus conyúges o hijos menores que vivan fuera del país.

  • Uno de los requisitos para que los no-inmigrantes de visa Z puedan ajustar su estatus a residencia permanente le exige la salida y el retorno obligatorio del cabeza de familia pero no a un país fronterizo sino al país de orígen del inmigrante.  Aparte de una excepción por razones de discapacidad, no existirá ningún otro tipo de excepción para este requisito.

  • La fase final del proceso de legalización a estatus de residencia permanente legal no podrá ser completada hasta que no se haya eliminado el cúmulo de solicitudes de espera presentados antes del primero de mayo del 2005 y se implementen algunas medidas de control migratorio que son de complicada aplicación.  Debido a este requisito, los inmigrantes que se se esten legalizando tendrán que esperar por lo menos 13 años y otros por lo menos unos 18 años antes de que puedan aplicar para su ciudadanía.

• Reducciones agudas de visas de familia, un cambio que será inhumano y perturbante y que debilitaría el común reconocimiento de nuestra nación a los valores familiares.  Aparte de ser lo correcto, el permitir que las familias se mantengan unidas suministra importantes beneficios económicos y sociales a nuestra nación.

• El drástico desmantelamiento de nuestro establecido sistema legal de inmigración y su sustitución por un sistema de puntos fundamentado en méritos, el cual no ha sido examinado, y que menosprecia las contribuciones históricas y potenciales de aquellos inmigrantes cuya lengua materna no es el inglés y no poseen grados universitarios. El sistema propuesto se enfocará casi por completo en el valor económico que se percibe del inmigrante para determinar si es digno de ser aceptado en los Estados Unidos.

• Un enorme programa de trabajadores temporales que no logra cumplir requisitos fundamentales para tal programa: que los trabajadores temporales que establezcan vínculos en este país deberán tener una vía hacia la residencia permanente que sea realista y que su visa sea verdaderamente portátil  permitiéndole a los trabajadores cambiar de empleadores sin ninguna restricción, si llegan a ser maltratados.

• Un sistema electrónico obligatorio de verificación del estatus migratorio de quienes soliciten empleo con absurdos períodos de tiempo de implementación computados para garantizar que el sistema sea efectuado a sí no se hayan completado las mejoras necesarias para certificar la precisión del programa.  El sistema planteado ha sido diseñado de tan mal manera que es inevitable que no haya aumentos significativos en la discriminación, en el deterioro de la privacidad y en las multitudes de despidos innecesarios.

• El intercambio al por mayor de información personal entre las agencias del gobierno que disolvería las claúsulas de confidencialidad del código fiscal y que subestimaría el derecho a la privacidad.

• Varias cláusulas que ponen en riesgo el derecho al debido proceso de los inmigrantes, que estaban incluidas en un principio en la infame legislación del año pasado de Sensenbrenner (H.R. 4437) y se infiltraron en el proyecto de ley aprobado por el Senado el año pasado. Algunas de estas estipulaciones han sido modificadas de la forma adoptada durante el año pasado pero aun así, muchas estipulaciones que resultan sumamente preocupantes permanecen en pie.

• El aumento de la militarización de la frontera sin las debidas protecciones a los derechos humanos y civiles de los inmigrantes y de los miembros de las comunidades fronterizas.

• Una cláusula que exige que los inmigrantes que durante varios años han trabajado y pagado al sistema del seguro social, pierdan el derecho a todas las contribuciones hechas antes de obtener un nuevo número de seguro social y de  esta forma se condenará a millones de trabajadores a una pobreza profunda durante su edad de jubilación a pesar de haber pagado, con mucho esfuerzo, impuestos al gobierno.

• Restricciones indebidas a la capacidad de las cortes de revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre casos individuales de legalización y de la manera en que la agencia implemente el programa de legalización.

     En los últimos días muchos individuos y organizaciones han argumentado que este acuerdo es un paso adelante. Sin duda alguna este acuerdo es un paso hacia la promulgación de la legislación pero si es aprobado en su forma actual predecimos que esto conducirá -en tan solo pocos años- a una situación que será incluso peor que la actual situación: una sociedad que es más dividida y menos libre.

     Esperamos fervorosamente que este proyecto de ley sea mejorado en el pleno del Senado, si no es así, debe de haber oposición a esta legislación.

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Para más información, favor de contactar a:

Josh Bernstein, Director de Política Federal
bernstein@nilc-dc.org | 202.216.0261 x. 2

Joan Friedland, Directora de Política de Inmigración
friedland@nilc-dc.org | 202.216.0261 x. 6

Katherine Vargas
vargas@nilc-dc.org  | 202-216-0261 x. 1