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LOS ÁNGELES - En una
evaluación nacional sobre los derechos legales de los inmigrantes en
centros de detención, una juez federal halló graves violaciones de los
estándares decretados por el propio gobierno.
La juez de la Corte del
Distrito de los Estados Unidos, Margaret M. Morrow, examinó los reportes
nunca antes publicados sobre las condiciones de más de 200 instalaciones
de detención de inmigración y encontró múltiples problemas en los
centros, como la falta de acceso a teléfonos, abogados y materiales
legales por parte de miles de inmigrantes solicitantes de asilo o
solicitantes de peticiones legítimas a la residencia legal. La corte
examinó las miles de páginas de los reportes del gobierno que evaluaban
las condiciones de las instalaciones en todo el país y reportes
similares de una oficina de las Naciones Unidas y la Barra de Abogados
Americanos (American Bar Association). Estos reportes demostraron que
los inmigrantes detenidos de todos los países se enfrentaban a problemas
similares.
“El trato del gobierno
hacia los inmigrantes traiciona su propia promesa de igualdad y de
debidas garantías procesales”, sostiene Linton Joaquin del Centro
Nacional de Leyes de Inmigración (National Immigration Law Center),
abogado que encabezó el caso. “El gobierno no debe privar a los
inmigrantes en detención de los derechos básicos a las debidas garantías
procesales, como acceso a abogados, bibliotecas de materiales legales y
el permiso de hacer llamadas a familiares.”
Los hallazgos de la juez
se expusieron en un
fallo finalizado el 26 de julio,
el cual sostuvo un mandato a nivel nacional para proteger a los
inmigrantes Salvadoreños solicitantes de asilo en los Estados Unidos.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración, la Unión Americana de
Libertades Civiles del sur de California (ACLU por sus siglas en inglés)
y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU, se opusieron a la
solicitud del gobierno de ponerle fin al mandato judicial que ordena que
el gobierno trate de manera justa a los inmigrantes que se encuentren en
centros de detención.
La juez Morrow dictó que
existe suficiente evidencia que demuestra “múltiples infracciones de
disposiciones vitales del mandato con relación al acceso de los
inmigrantes detenidos a materiales legales, uso de teléfono y visitas de
abogados.” La corte también halló que a pesar de que la guerra civil ha
terminado en ese país, inmigrantes de El Salvador continúan teniendo
peticiones legítimas de asilo y que ellos, como todos los inmigrantes,
deben de recibir las debidas garantías procesales.
El fallo coincide con los
recientes reportes del
inspector general del Departamento
de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) y la
Oficina de Responsabilidad del
Gobierno (Government Accountability Office) los cuales
exponen problemas similares de los centros de detención.
“Lo que está pasando con
los inmigrantes en los centros de detención debería perturbarnos a
todos,” afirmó la abogada del ACLU/SC, Ranjana Natarajan. “Aquellas
personas que estén buscando en los Estados Unidos amparo y protección
contra la tortura y la persecución, merecen una audiencia justa y
respeto hacia sus derechos básicos.”
El equipo de abogados
encargados del caso incluye a Linton Joaquin y Karen Tumlin del Centro
Nacional de Leyes de Inmigración, Ranjana Natarajan y Mark Rosenbaum de
la ACLU del Sur de California y Jennifer Chang, Lucas Guttentag, Judy
Rabinovitz y Mónica Ramírez del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de
la ACLU.
Asistencia pro bono fue
otorgada por las firmas de abogados de Holland & Knights y Orrick,
Herrington & Sutcliffe.
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